Durante los días 21 y 22 de noviembre, tuvo lugar por primera vez en nuestro país el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza cuenta actualmente con 18 países de América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la co-creación de nuevos compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de cuentas sobre la gestión pública.
En el marco del encuentro, participé del panel de “Control y Participación Ciudadana” acompañada por Fabián Foresteri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, Claudia Regina Silva, Presidenta y gerenta de transparencia y combate a la corrupción del Observatorio Social de Palmas y la Controladuría General del Estado de Tocantins y Cristian Módolo, gerente de coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN).
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En la sesión del 22 de noviembre, ya en la madrugada del 23, aprobamos la ley de paridad.
Una conquista colectiva de todas las fuerzas políticas a 70 años del voto femenino.
La ley de paridad, implica, entre otras cosas, que “las listas de candidato/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a a titular hasta el/la último/a suplente”.
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La Asociación del Personal de los Organismos de Control -Apoc- impulsó la creación de la Sala de Familia de la Auditoría General de la Nación. Un logro colectivo que garantiza derechos para los trabajadores y trabajadoras del organismo.
La lactancia materna es un derecho de los niños, niñas, las mujeres y las familias.
Por eso los sindicatos, empresas, y Estado a través de sus organismos debemos asumir el compromiso -a
través de su promoción y protección- para que sean respetados y reconocidos. La sala de familia es un espacio en el ámbito laboral pensado para que las madres puedan extraer su leche materna y conservarla adecuadamente.
Estos espacios permiten ejercer el derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez.
La ley 26.873 de promoción y concientización pública de lactancia materna, sancionada en 2013, tiene por objetivo promover acciones, formular recomendaciones respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia materna y difundir su importancia.
Durante el acto de inauguración estuvieron presentes el secretario general de APOC, Hugo Quintana, trabajadores y trabajadoras de la AGN. Asimismo participaron las diputadas nacionales Vanesa Massetani, Karina Banfi, Alejandra Martinez, Cornelia Schmidt Liermann y Patricia Gimenez, vicepresidenta de la cámara de Diputados.
También acompañaron la inauguración los Auditores Generales Javier Fernandez, Alejandro Nieva, Jesús Rodriguez y Juan Ignacio Forlón.
Este miércoles 1 de noviembre participé del “Diálogo Legislativo: qué se puede aprender de la experiencia sueca en licencias? Un encuentro en el que legisladores y legisladoras junto a organizaciones de la sociedad civil, representantes del Ministerio de Trabajo, organismos internacionales y funcionarios suecos reflexionamos sobre la necesidad de modificar las licencias parentales para equiparar derechos.
Suecia fue el primer país del mundo, en 1974, que reemplazó la licencia de maternidad por la licencia de paternidad, que otorgaba a ambas personas en la pareja la oportunidad de dedicar su tiempo para cuidar en el hogar a sus hijos e hijas.
Desde ese momento al día de hoy la licencia fue modificada varias veces, siempre buscando mayor participación equitativa entre varones y mujeres para garantizar el derecho de cuidar y de ser cuidado.
Sebastián Waisgrais, de Unicef, sostuvo que en cuanto a licencias parentales Argentina se encuentra “a la cola” de muchos países de la región y afirmó que la modificación de las mismas contribuirá a reducir brechas significativas en el mercado laboral.
Waisgrais recalcó que la modificación del sistema de licencias debe incorporar principios asociados a corresponsabilidad, universalización y servicios de cuidado; puntos en los que coincidieron desde CIPPEC.
En el documento “Más días para cuidar: Una propuesta para modificar el régimen de licencias desde la equidad” sostienen que la modificación de licencias debe ser:
Todas las familias que tengan niños, sin importar su estatus laboral, deben estar cubiertas por este beneficio. Para los trabajadores formales e informales, las licencias les permite mantener su nivel de ingresos durante el tiempo de cuidado de sus hijos.
- Promover la co-parentalidad
La corresponsabilidad entre los distintos adultos a cargo.
- Equitativa y contemplar licencias familiares
Es preciso ir hacia un régimen que contemple los casos de adopción y que reconozca la existencia de familias no tradicionales.
Además, cada familia debería poder decidir cómo repartir los días entre sus adultos responsables.
Por su parte, el Subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales, Dr. José Francisco de Anchorena, explicó que desde el Ministerio se trabaja para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral porque en nuestro país sigue siendo baja, existe una diferencia laboral y el “techo de cristal”.
De Anchorena coincidió en la necesidad de modificar las licencias, de hecho-aunque de manera muy limitada- está propuesto en el proyecto de reforma laboral presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, aunque advirtió que hay que evitar las consecuencias no deseadas como podría ser una mayor discriminación laboral hacia las mujeres.
La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo 20.744 fue sancionada en 1974 con modificaciones posteriores, pero tras cambios que se gestaron en la sociedad en las últimas décadas vinculados a la organización económica y social; adecuaciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la sanción de leyes como la de matrimonio igualitario y la de identidad de género, ha quedado obsoleta en muchos aspectos.
En ese sentido, coincidimos en que de manera urgente debe ser modificada, tanto para acompañar las sugerencias de Organismos Internacionales en cuanto a la cantidad de días por licencias de maternidad y paternidad y los avances de la sociedad, sino también para reflejar la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y los pasos dados en relación a la igualdad de género y oportunidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige como mínimo 98 días de licencias de maternidad, ocho más del promedio que tienen las madres argentinas, aunque recomienda a los Estados Miembros extender esa licencia “a 18 semanas por lo menos”. En cuanto a la paternidad la OIT no tiene normas, pero una resolución de la organización “insta a los gobiernos a formular políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever incentivos para que los hombres las aprovechen”.
Comparto el proyecto que presenté para modificar las licencias: http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5217-D-2017
El Caso Sueco
Andrea Perez Fransus, Primer Secretario de la Embajada de Asuntos políticos, comerciales, económicos, administrativos, prensa y cultura aseguró que su sistema de licencias “permite también a los hombres liberarse de los estereotipos machistas” y afirmó que “el costo de las licencias es mayor si las mujeres abandonan el mercado laboral”.
Por su parte, Niklas Löfgren, de la Agencia Sueca de Seguro Social, precisó que los objetivos de las políticas en cuanto a las licencias familiares implementadas en su país son compatibilizar la vida laboral con la familiar, la redistribución del dinero y el apoyo en situaciones vulnerables.
Löfgren explicó las etapas y modificaciones que a lo largo de cuatro décadas implementaron para que hoy en día los varones tengan una licencia de 90 días para cuidar a sus hijos y un dato muy interesante es que el progenitor que no quiera dar uso a este tiempo, no recibirá su sueldo durante tres meses de vacaciones.
Cuando implementaron las licencias familiares, por la década del ‘70, la idea era que las parejas recibirían seis meses de licencia por hijo, cada uno con el derecho a tomarse la mitad de los días.
Pero, lo que sucedió es que como los hombres tenían la posibilidad de traspasar esos días a las mujeres y muchos optaron por eso.
En la década de los ´90 casi la totalidad de los días de licencia eran utilizados por las mujeres, por lo que optaron por incorporar la “cuota para papás”, que daba 30 días exclusivamente para el padre con la condición de que si el padre no se tomaba el mes del trabajo, la pareja en conjunto perdería un mes de licencia pagada.
En 2002, la medida se extendió a 60 días y eso marcó un cambio positivo porque los hombres comenzaron a tomarse los días. El año pasado se amplió a 90 días y ese es el régimen que tienen hoy.
Con la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y la Fundación Éforo realizamos la jornada “Tecnología y trabajo. Los desafíos del sindicalismo”. Buscamos identificar, debatir y problematizar el impacto de la revolución tecnológica en relación al mundo laboral y el rol del sindicalismo en particular.
En la OIT, los ámbitos y foros vinculados con el G20 y en los espacios donde el trabajo y los trabajadores tenemos influencia, se está debatiendo como las tecnologías van a influir en nuestros trabajos.
Debatimos sobre la posibilidad de la creación de nuevos trabajos y fundamentalmente sobre el rol que tendrá el sindicalismo en como posicionar a nuestros compañeros en este nuevo escenario.
Participamos miembros de la Comisión Directiva y delegados y delegadas de APOC de organismos de control como Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna y Entes Reguladores, entre otros.
Por su parte, Federico Recagno, Secretario Adjunto de APOC y Presidente de la Fundación Éforo, afirmó que se trató de la “primera experiencia de participación de dirigencia sindical de los organismos de control para pensar el tema de tecnología y trabajo y los desafíos del sindicalismo hacia el futuro”.
En un país con muchas ambigüedades, donde hay tecnología que está dando muchos resultados y a su vez con alrededor del 30% de pobreza, con un tercio de la población activa en negro “cuando hablamos de desafío nos referimos al compromiso que tenemos que asumir como representantes de los trabajadores”.
Al cerrar el encuentro Hugo Quintana, Secretario General de APOC, sostuvo “que hay que aprender a convivir la vieja tecnología con la nueva tecnología y en eso el sindicalismo tiene una misión fundamental”.
En tanto, en el Congreso se presentó un proyecto para crear la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Impacto de la Tecnología en el Mundo del Trabajo. Aquí el proyecto: http://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5358-D-2017
Conmemoración por 25 años de la creación de la AGN
La diputada nacional Carla Pitiot participó en la conmemoración por los 25 años de la creación de la Auditoría General de la Nación, órgano del control externo del Estado.
Pitiot, integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC, el único sindicato de los trabajadores de organismos de control, recordó que a un cuarto de siglo de la creación de la AGN aún no se cumplió con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que sienta las bases de nuestro sistema de control.
En la reforma de 1994, la Constitución Nacional estableció en ese artículo que “el control externo del sector público nacional será una atribución propia del Poder Legislativo” y que “el examen y la opinión” del Congreso sobre el desempeño y situación general de la administración pública “estarán sustentados en los dictámenes de la AGN”.
“La reglamentación de ese artículo es una deuda pendiente del Congreso”, afirmó la diputada y aseguró que “si el Estado no cuenta con un sistema de control independiente no puede garantizar la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos”.
La diputada Pitiot presentó un proyecto de ley que apunta a regular la actuación de la Auditoría General de la Nación, así como también abarca la labor del Congreso de la Nación como responsable primario de dicho control a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y el proceso de aprobación de la Cuenta de inversión y mejorar el acceso a la información.
“El accionar de los organismos de control es fundamental para garantizar gestiones transparentes y la AGN es un ejemplo de ello”, sostuvo Pitiot que trabajó en el organismo durante casi 20
años, hasta asumir como diputada Nacional.
Durante el acto de conmemoración el presidente de la AGN, Oscar Lamberto, precisó los cambios que está implementando la auditoría para acercar el control a la gente porque sostuvo que el control solo sirve si la gente “lo toma en sus manos”.
El secretario general de APOC, Hugo Quintana y el secretario adjunto Federico Recagno estuvieron presentes en la celebración, a la que también asistieron el senador Miguel Angel Pichetto, la vicepresidenta de la cámara de Diputados, Patricia Giménez y los diputados nacionales Graciela Camaño y Marco Lavagna, entre otros.
Prensa Pitiot
En marzo de 2009, la sanción y promulgación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, representó un avance sin precedentes en la inclusión de la perspectiva de género en la política pública y en el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades.
El Consejo Nacional de las Mujeres, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, fue designado como organismo competente para diseñar las políticas públicas que hicieran efectivas las disposiciones de la norma. Dentro de las facultades del Consejo, la norma establece en su artículo 9º inciso “o” la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. (más…)
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El martes 10 de octubre en una de las sedes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) especialistas, funcionarios y representantes, se reunieron para intentar responder una pregunta: ¿qué sistema de justicia necesita Argentina?
El encuentro, organizado por la diputada y candidata a senadora nacional Margarita Stolbizer, contó con la presentación de dos informes para inaugurar el debate. En primer lugar, la Lic. Mariel Fornoni de Management & Fit, expuso sobre la “desconfianza social en las instituciones”. De acuerdo a la investigación realizada por la consultora, la justicia y la política son las dos áreas con mayor desconfianza para los argentinos. “Las instituciones educativas son las mejor ponderadas” y la confianza “aumenta en los más jóvenes”, agregó Fornoni.
Por su parte, el Dr. Juan Carlos Vega presentó el informe del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba sobre “Anticorrupción y Derechos Humanos” y sostuvo que la matriz de los problemas de la justicia argentina se concentra en “la impunidad de los casos de corrupción”. El problema de la corrupción es “sistémico y requiere respuestas integrales, no parches” concluyó Vega.
Al momento de problematizar la relación entre el Estado y los organismos de control, la diputada nacional Carla Pitiot sostuvo que “el control es garantía contra el abuso de poder y la mejor manera de prevenir y luchar contra la corrupción. Hasta tanto no seamos conscientes de sus implicancias y no dotemos a nuestros organismos de herramientas y normativa para poder desplegar su plena potencia”.
Se sumaron al debate el Dr. Félix Loñ quien disertó sobre la importancia del Consejo de la Magistratura; el Dr. Guillermo Lipera, con la voz de los abogados; la Lic. Natalia Gherardi con la relación entre género y justicia; la Dra. Silvina Martínez con herramientas de prevención y sanción para una justicia transparente; el Sen. Sebastián Galmarini con el control social y la presentación del caso de la provincia de Buenos Aires y el Lic. Claudio Savoia con el rol del periodismo.
“Los organismos de control tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y en la prevención contra los abusos de poder”, afirmó la diputada Carla Pitiot al presentar el martes 3 de octubre la agenda Anticorrupción de 1País a nivel local, provincial y nacional.
La presentación se realizó en la Universidad del Este, en la ciudad de La Plata, junto a la diputada nacional y candidata a senadora Margarita Stolbizer; la abogada Silvina Martínez y los candidatos a diputado provincial José Arteaga y concejal por La Plata y Gastón Crespo, respectivamente.
Los oradores coincidieron en que el espacio 1País tiene “una agenda con propuestas que va más allá de las elecciones del 22 de octubre” y apunta a “fortalecer las instituciones para garantizar la transparencia y acabar con la impunidad”.
Desde el año pasado los diputados y diputadas del espacioimpulsaron y apoyaron leyes para generar gestiones más transparentes y luchar contra la corrupción como la de acceso a la información pública, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la de extinción de dominio.
Margarita Stolbizer consideró pilares centrales de la agenda “el acceso a la información pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los organismos de control”.
La diputada Pitiot afirmó que “en el marco de la lucha contra la corrupción el control público a través de los organismos de control tienen un rol clave, pero la político desoyó en reiteradas ocasiones sus advertencias”.
Por su parte, al referirse también a los organismos de control, la abogada Silvina Martínez sostuvo que hoy “los organismos de control hoy están a cargo de militantes como es el caso de la Oficina Anticorrupción”.
“La corrupción tiene una relación directa con la calidad de vida de la ciudadanía” por eso “es clave que los funcionarios rindamos cuentas para reconstruir la confianza con la ciudadanía”, concluyó la diputada Pitiot.
Prensa Pitiot
Equidad de Género y cuidado. Políticas públicas y relación con el sector empresarial, fueron los temas sobre los que reflexionamos en el último encuentro del ciclo “Género y G20”, realizado en la Cámara de Diputados.
La diputada nacional Susana Balbo, representante argentina del Women 20 (W20) detalló los puntos sobre los que están trabajando en relación a cuestiones de género, particularmente vinculados a lograr Independencia económica:
- Inclusión financiera
- Inclusión laboral
- Inclusión digital
Balbo sostuvo que hay varios programas destinados a reforzar la posibilidad de que las mujeres sean sujeto de créditos, fortalecimiento de herramientas de educación para mejorar las posibilidades de su inserción laboral y destacó el trabajo que se está haciendo con mujeres rurales para lograr un mejor acceso a la propiedad de tierras.
Por su parte, Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hizo referencia a la relación del G20 con la sociedad civil y a la importancia de generar grupos de trabajo de compromiso para trabajar en conjunto.
También mencionó las políticas del G20 aplicadas en Argentina como el programa EPI (Espacios de Primera Infancia) que aspira a fortalecer el espacio del cuidado y abordaje integral, la asistencia nutricional, la estimulación temprana y la promoción de la salud.
Agosto mencionó también que están trabajando en programas para microcréditos de desarrollo de la economía social, capacitación de cuidadores domiciliarios y la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia.
Carolina Aulicino, oficial de Política Social en Unicef Argentina, expuso sobre la agenda del cuidado y el rol del poder legislativo y advirtió que “las familias terminan haciendo un poco lo que pueden ante la ausencia de políticas de estado que ayuden a las tareas del cuidado”.
En ese sentido, afirmó que “las licencias por maternidad, paternidad y familiares constituyen una política que permite modificar esta situación” y destacó la cantidad de proyectos de ley presentados en el Congreso que proponen extender las licencias.
Aulicino puntualizó los ejes hacia donde se debe avanzar para lograr sociedades más justas son:
- Coparentalidad: buscar distribución de tareas del cuidado y crianza más justa entre varones y mujeres.
- Equidad: tener en cuenta distintas conformaciones de familias y buscar igualar derechos.
- Gradualidad: es posible buscar una expansión gradual del actual régimen de licencias para que se llegue al objetivo deseado.
Asimismo, compartió recomendaciones para pensar reformas normativas:
- Tomar en cuenta desafíos de financiamiento en la sanción de nuevas normativas
- Involucrar a distintos actores relevantes: capacidad de convocatoria amplia y definición de consensos.
- Basar las políticas en evidencia
Al finalizar el encuentro, Andrea Bolzano, representante de PNUD compartió experiencias sobre un programa voluntario que impulsa PNUD sobre sellos de certificación para promover la igualdad de género. El programa, del que participan Estado, empresas y sindicatos, establece estándares para reducir la brecha laboral y en el país ya se registran experiencias exitosas.
Mujeres del ámbito político, sindicalista, médico, artístico, deportivo, científico y referentes sociales, entre otros, nos reunimos convocadas por Margarita Stolbizer, diputada y candidata a senadora nacional, para reflexionar sobre las cosas que nos afectan, sobre la desigualdad y sobre los desafíos que tenemos por delante para lograr una sociedad en la que mujeres y varones tengamos las mismas oportunidades reales.
“Hemos avanzado mucho en la condición jurídica de las mujeres. Pero no ha sido en igual medida el avance hacia el ejercicio efectivo de los derechos Y sobre todo se nota cuando hay que dar peleas con varones en lugares de poder. Esa pelea de poder es necesaria para construir una sociedad de iguales. Y no nos puede encontrar con la guardia baja, ni débiles, ni separadas, ni indiferentes a lo que nos pasa. Porque todos esos obstáculos están ahí para ser removidos”, dijo Stolbizer al abrir el encuentro.
Entre todas, acompañadas por la comunicadora y consultora del PNUD, Virginia Beaudoux, reflexionamos sobre por qué es necesaria la igualdad entre mujeres y varones; sobre la publicidad sexista que refuerza estereotipos de género; la importancia de la igualdad en el aprendizaje de habilidades y otros temas como el impuesto rosa y el acceso a puestos de toma de decisión.
En su exposición, Beaudoux compartió datos entre curiosos y alarmantes como por ejemplo que en América Latina más del 50% de los y las militantes de los partidos políticos son mujeres, pero menos del 16% de los presidentes o secretarios generales lo son.
Por otro lado, observando con lentes de género la política mundial en el 2017 solo el 22% de los parlamentarios son mujeres; el 17% de los ministros de gobierno son mujeres y en países desarrollados los ministros sin hijos son el 9% y las ministras sin hijos el 45%.
¿Qué normas debe promover el Congreso de la Nación para garantizar internet libre, abierta e incluyente?
Tratando de dar respuesta a ello, reflexionamos en el encuentro convocado por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y la CELE.
Edison Lanza Robatto, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, presentó el informe anual de la comisión “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”.
Norma Morandini, Directora del observatorio de DDHH expresó como punto de partida para el debate que “frente a ese fenomenal instrumento de democratización que es internet se imponen nuevos debates y compromisos para evitar que el control sobre la red funcione como una censura encubierta. Sin desconocer que la libertad no puede usarse para incitar al odio y a la violencia y que su único límite es la responsabilidad”.
El encuentro contó con la valiosa participación de la Dra. Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE); Dra. Valeria Milanés, Directora del área Digital de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Dra. Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas y Gobierno para el Cono Sur de Google.
“Hemos llegado tarde a la democracia. Conviven el desafío de lo nuevo con escasa conciencia sobre la libertad de expresión como derecho”, reflexionó Morandini al abrir el encuentro y sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental para garantizar otros.
Los especialistas coincidieron que el Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para generar proyectos que regulen internet, pero que se debe debatir sobre qué regular y hasta qué punto y en ese sentido consideraron muy relevante convocar a espacios de la sociedad civil y del sector privado para trabajar en la construcción de consensos.
Agustina Del Campo, explicó que hace años los debates planteaban la no intervención en Internet por parte del Estado, pero que de unos años a esta parte surgió la necesidad de regular.
Además, precisó que de un informe realizado por CELE se desprende que en el Congreso Argentino hay más de 90 proyectos de ley presentados sobre libertad de expresión y que un 60% de ellos se relacionan con la regulación de internet.
Por su parte, Eleonora Rabinovich, consideró que además del poder legislativo los otros poderes pueden aportar al debate y sentar bases para avanzar en regulaciones que sean necesarias.
Valeria Milanés, al referirse al informe de la CIDH destacó que unos de los desafíos que tenemos es concebir como espacio público plataformas regenteadas por privados.
El encuentro realizado y promovido por el Observatorio fue sumamente interesante y nos permite e insta a seguir reflexionando para hallar un equilibrio a la hora de legislar sobre internet para no lesionar derechos, y teniendo en miras el sistema interamericano por sus normas específicas .
Es imprescindible regular y legislar garantizando la innovación en internet, sin perder de vista el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
El Día Mundial del Acceso a la Información es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se conmemora desde el año 2002 cuando grupos de activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en pos de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública.
El derecho a la información es un derecho humano fundamental refrendado por nuestra Constitución Nacional, garante del Estado de derecho y propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno.
Por primera vez desde la conmemoración inicial de la fecha, nuestro país cuenta con la incipiente implementación de una ley nacional de acceso a la información pública, cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo.
Sin embargo, el acceso a la información no se alcanza solamente a través de la sanción de una norma. Implica compromiso de funcionarios y ciudadanos en la construcción de una gestión pública más transparente y participativa.
Es tarea de todos conocer nuestros derechos y defenderlos. Seguiremos trabajando para asegurar la plena vigencia de esta herramienta democrática.
En el segundo encuentro del ciclo “Género y G20” bajo la consigna “Cerrando Brechas” abordamos las perspectivas sociales y del empleo en el mundo; el empoderamiento económico de las mujeres y el impacto de la violencia laboral en el marco de las discusiones que se generarán en la cumbre internacional donde dicha perspectiva no estará ausente sino que será un de los ejes nodales.
En la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados de cara al foro internacional que el año próximo tendrá como Presidente a la Argentina, participaron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de organizaciones de la sociedad civil, como así diputados y diputadas de diferentes bloques partidarios.
Kristen Sobeck, oficial en mercados de Trabajo Inclusivos de la Oficina de París de la OIT para la Argentina, presentó el informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo”, del que se desprende que la brecha de participación en el mercado global laboral es del 26,7% lo que impacta en la calidad de trabajo, nivel de ingresos y acceso a protección social.
La representante de la OIT precisó que la reducción de la brecha reportará beneficios económicos y un incremento del PBI mundial. De todas maneras, advirtió que para lograr esa reducción se requerirán políticas focalizadas para combatir la discriminación tanto dentro como fuera del ámbito laboral, como así también generar y proteger empleos de calidad vinculados a las economía del cuidado, poniendo énfasis en reconocer y redistribuir las tareas de cuidado no remuneradas que recaen principalmente en las mujeres.
Gala Diaz Langou, Directora del Programa de Protección Social de CIPPEC, afirmó, por su parte, que el desafío de cerrar brechas es básicamente una cuestión de derechos y equidad. Que el Estado debe generar estrategias de empoderamiento económico para las mujeres y que ello tendrá retornos muy concretos para la sociedad y las empresas. Señaló que “es básicamente un inversión”.
También informó que la brecha salarial se redujo en los puestos jerárquicos, pero que en los puestos de la base de la pirámide se amplió la diferencia en los últimos años.
Al cerrar el encuentro, Patricia Saenz, coordinadora de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindó datos sobre las denuncias que ha recibido el organismo desde su puesta en funcionamiento. Asimismo señaló la importancia de la implementación de Protocolos de actuación ante las denuncias de violencia laboral .
De la información recogida por la OAVL se desprende que las mujeres son las que más denuncias realizan (el 60%), pero también las más perjudicadas porque son las que tienen más posibilidades de padecer acoso o abuso sexual en el ámbito laboral. Aunque como dato advirtió que las mujeres que sí acceden a puestos de poder y decisión son las que más acoso ejercen sobre otras mujeres.
En definitiva la Agenda del G20 se plantea el empoderamiento de las mujeres y reconoce la relevancia de estrategias vinculadas con: inclusión digital, inclusión financiera y participación laboral.
La reunión abrió un profundo debate sobre la necesidad de aprobar las iniciativas parlamentarias que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación relativas a disminuir las brechas de género en los aspectos de la vida pública y privada.
A pocos días de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública se realizó en la Cámara de Diputados un seminario del que participaron los especialistas María Fernanda Araujo, directora de Fortalecimiento de la Democracia en el Ministerio del Interior; Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA); y Roberto Saba, especialista en derecho constitucional de la UBA.
La ley fue una cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo. Promover leyes que acompañen el derecho de la ciudadanía a tener una participación más activa que permita lograr mayor transparencia y erradicar la corrupción fortalece la democracia.
También es importante concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios para lograr gestiones y gobiernos más transparentes.
Durante su exposición Marta Oyhanarte , sostuvo que aún queda mucho por concientizar porque según su “experiencia y estudios de campo realizados, sólo el 1% de la ciudadanía reconoce al derecho a la información como intrínseco al desarrollo pleno de la democracia”.
En tanto, Roberto Saba, precisó que el acceso a la información pública “es un derecho necesario para otorgar otros derechos y construir confianza desde el Estado” porque es clave en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas y crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos en la gestión”.
Por su parte, Fernanda Araujo, detalló los pasos para la implementación y destacó que durante 2016, se recibieron 893 pedidos de acceso a la información por parte de la sociedad civil, mientras que en lo que va del 2017 ya se igualó esa cifra lo que demuestra que la sanción de la ley generó interés en la ciudadanía.
Miembros de la Comisión Directiva y delegados de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) participamos de los talleres de Perspectiva de género y Violencia Doméstica dictados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convirtiéndonos en uno de los primeros sindicatos en realizarlo y respondiendo a una decisión firme de dar continuidad a las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género que venimos promoviendo.
Solicitamos el dictado de los talleres con el objetivo de incorporar la perspectiva de género a las actividades gremiales y a la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control y de las seccionales de Apoc.
En el mismo sentido, consideramos importante capacitarnos para que cuando se apruebe la “Ley Micaela” podamos colaborar en la implementación. El proyecto fue presentado en el Congreso Nacional tras el femicidio de Micaela García, ocurrido en Entre Ríos en abril de este año.
La “Ley Micaela” propone que la capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres sea obligatoria para para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y que cada organismo podrá realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio.
Cuando se debatió el proyecto en la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia propusimos que los sindicatos participen activamente para garantizar la implementación de las capacitaciones.
Fueron dos jornadas intensas y muy productivas en las que participaron compañeros y compañeras de diversas seccionales y de la Mesa Nacional porque en APOC estamos convencidos que la participación igualitaria de varones y mujeres enriquece e integra y es, sin dudas, el camino para disminuir la desigualdad en todos los aspectos de la vida privada y pública.
Trabajadoras y trabajadores de San Juan, Santa Cruz, Salta, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Chubut, Buenos Aires y de CABA recibieron formación para ser replicadores. Fueron capacitados para repetir la experiencia y dictar el taller aplicando los conceptos y dinámicas aprendidas.
A través del intercambio de ideas y mediante las actividades propuestas nos familiarizamos con conceptos; reflexionamos sobre los estereotipos de género, desarmamos prejuicios y aprendimos sobre normas internacionales.
Los talleres dictados por especialistas de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia capacitaron -desde su implementación – a más de 20 mil personas.
En la sesión especial del miércoles 13 de septiembre discutimos más de 40 proyectos. Entre ellos uno de ley de mi autoría-que obtuvo media sanción- para declarar el día 13 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, definido por Unicef como “la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet”.
Se eligió esa fecha porque el 13 de noviembre de 2013 el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 conocida como la Ley de Grooming. En su texto, la normativa modificatoria al código penal y establece que: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. (más…)
Este martes en reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Familia dictaminamos el proyecto con media sanción del Senado que propone la paridad en la composición de las listas electorales.
Los ejes principales del proyecto que dictaminamos, que cuenta con media Sanción del Senado, proponen la modificación del Código Electoral, la ley 26.571 vinculadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la de la Carta Orgánica de los partidos, ya que obliga a respetar la paridad en la estructura de cada organización.
Se trata de un logro colectivo, alcanzado por diputadas y diputados de varios espacios que desde el año pasado trabajamos para que la paridad sea posible.
Es un paso más camino a una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la propia discusión de la paridad nos interpela acerca de lo lejos que estamos de la igualdad real entre mujeres y varones.
La ley de paridad es una medida superadora del cupo femenino del 30 %, sancionado en 1991 y que con el paso del tiempo se convirtió en nuestro mayor enemigo porque cuando se alcanzaba ese porcentaje se conformaban las conciencias .
Las mujeres no queremos más, sino que queremos lo mismo y esta ley no debe ser entendida como un drama. Al contrario: va a beneficiar a todos los argentinos y sera un gran paso para las grandes transformaciones que esperamos de la Argentina.
En la sesión del miércoles 13 de septiembre finalmente obtuvo media sanción el proyecto que presenté en 2016 para establecer un día nacional de lucha contra el grooming.
El 13 de noviembre de 2013 el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 conocida como la Ley de Grooming. El término en inglés refiere a una problemática en crecimiento en nuestro país que implica el acoso sexual virtual a niños y adolescentes por parte de adultos mayores.
En su texto, la normativa modificatoria al código penal, establece que: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
La modificación es perfectible y en ocasiones incluso ha sido criticada. No obstante, este proyecto avanza sobre una materia que es fundamental para la lucha efectiva contra este flagelo: la concientización. No alcanza con modificar penas o crear figuras penales para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tarea para los 365 días del año.
La problemática crece. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Porteña, entre 2014 y 2016 los casos de grooming aumentaron un 35%.
Debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar. Tener un Día “Nacional de la Lucha contra el Grooming” será un paso importante para seguir difundiendo y reflexionando sobre esta problemática. Sin ir más lejos, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a realizar actividades públicas de información y concientización sobre la temática.
En un contexto de revolución tecnológica y mundialización de las comunicaciones, navegar en internet es una herramienta fundamental. Es nuestro deber garantizar que esa conexión sea segura. Espero que pronto esta media sanción cobre fuerza de ley.
