La emergencia alimentaria y nutricional en Argentina es una cuestión social concreta, medible y objetiva. Se fundamenta en la realidad: el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, el nivel más alto en una década. A su vez, el 29,3% de los chicos y chicas padece déficit en su alimentación, y un 13% pasó hambre durante 2018.
Estamos en emergencia desde el año 2002, 16 años viviendo en emergencia. Una medida transitoria que se volvió una necesidad permanente.
Pero en los últimos años la situación se agravó y algunas de las estrategias que se desprendieron del Decreto 108/2002, como los consejos con participación de la comunidad, fueron desmanteladas. En suma, el Presupuesto Nacional 2019 asigna a la emergencia alimentaria 12.582.967 millones de pesos, que representan apenas un 0,3% del total.
El agravamiento de la situación social ha producido la apertura de innumerable cantidad de merenderos y comedores, como respuesta solidaria de la comunidad frente a un Estado sin la capacidad de reacción suficiente. Necesitamos herramientas diferentes para que esta declaración no funcione meramente como la repetición de un trámite legislativo y en este sentido quiero destacar la importancia de la incorporación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el proyecto que obtuvo media sanción. Para que la atención a estos reclamos sociales sea efectiva, necesitamos controlarla.
Los organismo de control provinciales integrantes de la Red Federal de Control Público, realizaron durante el año 2018, 30 auditorías al programa de Comedores y Tarjetas Alimentarias. Este esfuerzo de control abarcó el conjunto de provincias del país excepto CABA, Santa Fe y La Rioja. La interlocución central de los organismos de control locales es con la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Desarrollo Social quien acuerda con las instancias de control provinciales los temas de control a priorizar así como las muestras de auditoría pertinentes.
Por otra parte, desde la SIGEN –en tanto instancia de Coordinación de la Red Federal de Control- se viene trabajando –en el ex ante- en los criterios de control con las distintas UAIs y –en el ex post- en la homogeneización y sistematización del conjunto de la información que producen las provincias en sus trabajos de auditoría. Esta tarea implica conciliar distintas exigencias que van desde incorporar enfoques e instrumentos de auditoría en línea con las corrientes más modernas en la materia como el respeto a las competencias legales de cada uno de los organismos de control provinciales. En este sentido, incorporar en la Ley la obligación de intervención de la Sindicatura General de la Nación, aportará al organismo rector del sistema de control interno público, una herramienta fundamental para tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica como la que venimos discutiendo.
Repito: más de la mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, argumento suficiente para comprometernos. Comer es un derecho, no un privilegio y es obligación del Estado garantizar que nadie sufra hambre en Argentina.
Hay un país que además de la Emergencia Alimentaria está esperando de nosotros, los políticos, compromisos a largo plazo y un consenso básico de políticas públicas que aseguren que nunca más lleguemos tarde.