Presentamos una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU 27/2018 “Desburocratización y Simplificación”, firmado por el Poder Ejecutivo tan solo 10 días después de finalizada la actividad del Congreso. El decreto avasalla la división de poderes porque el ejecutivo se adjudica facultades legislativas que le están prohibidas.
Concretamente con la demanda que presentamos el martes 23 de enero pedimos que “se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad” del decreto.
Vulnera el artículo 99 de la Constitución Nacional que advierte que el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” . No es el caso.
Con la firma de este “mega DNU” queda claro que el gobierno no tiene voluntad de diálogo ni de debate. No quiere arriesgarse a no contar con el apoyo necesario para que se sancionen las leyes que ellos pretenden que salgan.
No hay necesidad ni urgencia. Hay conveniencia política y falta de confianza en el diálogo y en la búsqueda de consensos.
En sus 192 artículos, el decreto deroga 19 leyes y modifica más de 140 normas, algunas de mucha sensibilidad para los trabajadores como la posibilidad del embargo de las cuentas sueldo, modificando el art. 147 LCT.
También flexibiliza la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) incluyendo la posibilidad de destinarlo a constituir fondos fiduciarios financieros para garantizar la toma de deuda en los mercados internacionales. En el caso de que dicha garantía se ejerciera, se pone en riesgo los fondos y se desvirtúan los objetivos para
los cuales fue creado.
Esperamos que se declare la nulidad y/o la inconstitucionalidad del decreto porque queremos evitar que cause perjuicios irreversibles a la ciudadanía.
Pero la mayor aspiración debe ser que el ámbito del Congreso sea el lugar de discusión sin confrontación, de debate en las diferencias y de diálogo político para construcción de políticas que garanticen más derechos.
