Con el objetivo de analizar y reflexionar acerca del Pacto Mundial sobre Refugiados, su alcance y el rol del Poder Legislativo en su implementación el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación organizó junto a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, un seminario taller.
La cooperación internacional es fundamental para garantizar la implementación del Pacto y a nivel local desde los parlamentos podemos trabajar para generar espacios que propicien su implementación y leyes que garanticen la protección de los refugiados.
Juan Carlos Murillo, el Director regional de ACNUR, afirmó que los legisladores y legisladoras tienen un rol fundamental e instó a trabajar en una instancia legislativa que le de seguimiento a la implementación del Pacto, aprobado en diciembre del año pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Murillo explicó que el Pacto es una herramienta de protección a los refugiados y a las comunidades de acogida y que para su mejor implementación deben involucrarse organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y la academia, entre otros sectores.
El Pacto busca garantizar respuestas que consideren cuestiones de edad, diversidad y género, trabajando también en el empoderamiento de mujeres y niñas.
Sus objetivos más importantes son: aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados; desarrollar la autosuficiencia de los refugiados; ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países y otras vías complementarias y fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus países de origen con condiciones de seguridad y dignidad.
Patrick Defoy, Consejero Director del Programa de Inmigración de la Embajada de Canadá, afirmó que su país respalda a ACNUR en el desarrollo de indicadores y en cuanto a la iniciativa de “patrocinio comunitario” explicó que Canadá puede brindar capacitación y colaborar en la creación de redes de apoyo.
El patrocinio comunitario es un grupo de personas, que también pueden ser gobiernos locales y/o organizaciones de la sociedad civil que asumen la responsabilidad de acompañar el proceso de integración de los refugiados.
Argentina tiene una legislación de avanzada y modelo en la región en la temática. En diciembre del 2018 obtuvo media sanción en la cámara de Diputados y espera la sanción definitiva en el Senado, la ley de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas. Todo ello en sintonía con el pedido de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las Personas Apátridas en las Américas, exhortando a “los Estados Miembros que aún no lo han hecho a que consideren la ratificación de los instrumentos internacionales en materia de personas apátridas o su adhesión a ellos, según sea el caso, y a que promuevan la adopción de procedimientos y mecanismos institucionales para su implementación, de conformoidad con los mismos.
Asimismo, nuestro país implementa a través de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, desde octubre de 2014, el Programa Especial de Visado Humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe de Siria, conocido como Programa Siria, que brinda una respuesta conjunta del Estado y la comunidad argentina a las necesidades humanitarias de la población afectada por el conflicto.
