En estos días se cumplen 25 años de la Reforma Constitucional de 1994 que modernizó y definió su texto incorporando nuevos derechos y garantías; ampliando el corpus de derechos al establecer la jerarquía constitucional de once normas internacionales de derechos humanos y dándole rango constitucional a la Auditoría General de la Nación.
El artículo 85 estableció que:
“El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”.
Sin embargo, a 25 años de la última asamblea constituyente, el artículo 85 continúa sin reglamentarse. Para reglamentarlo y fortalecer nuestros organismos de control, presenté en dos oportunidades un proyecto de ley sustentado principalmente en el trabajo de la Asociación del Personal de Control (APOC), institución a la que pertenezco, que desde la sanción del artículo ha acompañado y asesorado la presentación de proyectos de diferentes partidos políticos en miras a reglamentar lo dispuesto por la Constitución.
El proyecto aún no fue tratado en las comisiones pero seguimos abogando por su tratamiento porque contar con un sistema de control independientes, transparente y profesional para fiscalizar el desempeño de la Adminstración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno contribuirá de forma significativa a garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos, la protección de la seguridad jurídica, la responsabilidad efectiva de los funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción.
